Los funcionarios piden a Rajoy su “intervención personal” ante la inseguridad digital de la Justicia

El “peligroso fiasco” en seguridad de los distintos sistemas informáticos de la Administración de Justicia, como lo califican los propios funcionarios que trabajan en este sector, ha obligado a este colectivo a pedir al presidente del Gobierno su “intervención personal” para encontrar “una solución radical” ante la inseguridad a la que se enfrenta la Justicia española.

Así consta en una carta remitida por el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, fechada el 7 de agosto, en la que Vicente Navarro Pérez, secretario general de este sindicato en Málaga, deja constancia a Mariano Rajoy de que “se están produciendo graves disfunciones en el funcionamiento en materia de seguridad” en los sistemas informáticos del sector judicial.

En la citada misiva, a la que tuvo acceso este diario, el representante sindical recuerda a Rajoy que la Justicia es “un pilar básico en el funcionamiento de un Estado de Derecho”. Conviene recordar que, el pasado 27 de julio, LexNet, el sistema informático que emplean los funcionarios de Justicia para notificar documentos a los abogados personados en procedimientos, sufrió un fallo de seguridad.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia ya remitió una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, el pasado 3 de agosto, pidiendo una actuación “inmediata” tras la parada técnica que sufrió el sistema LexNet. “LexNET, Orfila, Minerva y otros sistemas están padeciendo deficiencias y vulnerabilidades graves de seguridad”, alertó el sindicato, reclamando a Catalá el cese de los “máximos responsables” de esta situación.

“La precipitación y el hecho de que se ha primado vender a los medios de comunicación y a la sociedad la esperada modernización de la Justicia con una precaria inversión tecnológica, lejos de mejorar su eficacia, se está desvelando insuficiente por los continuos fallos, tanto a nivel de hardware -servidores, equipos informáticos de usuarios, líneas de comunicación, insuficientes u obsoletos- como de software, por implantarse muchas de estas aplicaciones sin los suficientes testeos y pruebas de correcto funcionamiento tanto a nivel de compatibilidad como de seguridad”.

Así consta en la carta que el sindicato remitió a Rafael Catalá, donde dejan claro al ministro que deben tomarse “con toda urgencia” medidas “que atajen y prevengan las intromisiones en el sistema”. Los representantes sindicales de este colectivo llegaron, incluso, a pedir al ministro la anulación de los actuales certificados electrónicos concedidos a los usuarios de LexNet para “reponer la seguridad de las comunicaciones telemáticas”.

En la Administración de Justicia trabajan más de 45.000 personas. Cada comunidad autónoma tiene sus propias aplicaciones informáticas. El plan del Gobierno es imponer la justicia digital, suprimiendo el uso del papel.

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