La corrupción del PP podría ser la chispa detrás del incendió de la Ciudad de la Justicia de Valencia

Un incendio destruye cuatro juzgados de Primera Instancia en la Ciudad de la Justicia de Valencia paralizando la actividad judicial y destruyendo cuantiosa documentación.

El sistema antiincendios detectó el humo pero no activó ningún aviso a los bomberos ni saltaron los planes de emergencia.

El pasado domingo por la mañana, el ambiente en la Ciudad de la Justicia de Valencia era irrespirable. Y no se debía a otra causa por corrupción, de esas a las que valencianos y valencianas llevan acostumbrados varios años ni a las tradicionales cortinas de humo del partido al que los jueces califican de organización criminal. Un incendio, cuyas causas todavía se desconocen, arrasaba cuatro de los juzgados de Primera Instancia ubicados en esa zona de la capital valenciana.

Y lo peor, además de las sospechas sobre los intereses que puedan estar tras este incendio, es que el sistema antiincendios no avisó, con la consecuente extensión del fuego y la mayor destrucción de instalaciones, pruebas y documentos allí almacenados.

Al parecer, el sistema sí detectó el humo en la mañana del domingo cuando se originó el fuego en las plantas segunda y tercera por causas que aún se investigan, pero, al no ser un día laborable, no activó procedimiento de emergencia alguno. Estando el edificio vacío, nadie atendió a las señales y al no existir ningún mecanismo capaz de transmitir la alerta a la empresa de mantenimiento o a los bomberos de la ciudad, los servicios de extinción no fueron avisados por un vecino y pudieron localizar el origen hasta las 13:00 horas. Una hora después, el fuego se dio por controlado.

Ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana suspendía la actividad judicial, al ser el “ambiente irrespirable” en las instalaciones, una decisión sin precedentes en Valencia. Los daños van desde ventanas agrietadas a ordenadores derretidos, pasando por destrucción del sistema eléctrico de los juzgados afectados y la conversión en cenizas de numerosas pruebas, documentos e informes sobre, entre otras, varias causas de corrupción que afectaban al PP de la Comunidad Valenciana.

Mientras que el Partido Popular parece ser el principal beneficiado de este “accidente”, su portavoz els Corts, María José Ferrer San-Segundo, aprovechaba para acusar ayer a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por “evadir su responsabilidad” afirmando “el abandono” por parte del Consell y “la falta de inversiones”.

El mantenimiento de la Ciudad de la Justicia corresponde a Eiffage, una compañía francesa que se hizo cargo del servicio en mayo tras anunciar la adjudicataria, Concentra Servicios y Mantenimiento, un concurso de acreedores. La Consellería de Justicia ha abierto una investigación interna para aclarar los hechos.

Fuente El Pais.

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