Los críticos del PP no dan su brazo a torcer y cuestionan a Maíllo,Joaquín Solanas cree que ‘Génova’ intenta trasmitir una “normalidad” en PP de Cantabria que es “ciencia ficción”

Los afines a Ignacio Diego recurrirán el archivo de la denuncia por supuesto pucherazo y “probablemente” pedirán “recusar” a la jueza Paz Hidalgo.

Joaquín Solanas, portavoz de los críticos del PP de Cantabria contra la Dirección regional que preside María José Sáenz de Buruaga, cree que algunos dirigentes de ‘Génova’ intentan trasmitir una visión de “normalidad” en el partido en la comunidad autónoma que es “ciencia ficción” y “no es cierta”.



En declaraciones a Europa Press, Solanas ha contrapuesto su postura a la manifestada por el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, quien en reiteradas ocasiones ha asegurado que la crisis abierta en el PP de Cantabria a raíz del 12 Congreso Regional del partido –que acabó con la proclamación de Sáenz de Buruaga como presidenta  tras vencer por cuatro votos al hasta entonces líder, Ignacio Diego- se estaba “estabilizando” y en vías de solucionarse y se ha mostrado “optimista” en lograrlo.

En cambio para Solanas, la visión ofrecida por Martínez Maillo es “desconocer la realidad” y la situación del partido en Cantabria, el cual -ha señalado- está “judicializado” tras presentarse varias demandas por “irregularidades” en el Congreso regional y “sigue enfrentado”.

De hecho Solanas, que fue director general de Cultura durante el Gobierno de Diego en Cantabria (2011-2015), fue uno de los promotores de la querella criminal presentada contra Sáenz de Buruaga en la que se acusaba a la líder de los ‘populares’ cántabros de prevaricación administrativa, delito electoral y malversación de caudales públicos y que fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Solanas ha confirmado que servicios jurídicos ya están trabajando en el recurso contra el archivo de esta querella, que también tiene entre sus promotores al exconsejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, y el exdiputado regional, Carlos Bedia.

La querella, que se dirigía también contra la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, y la gerente, Jesusa Sánchez, fue presentada en el TSJC por la condición de aforada de Buruaga, que es diputada regional, y en ella se le acusa de prevaricación administrativa, delito electoral y malversación de caudales públicos.

Los querellantes acusaban a Buruaga de acceder de forma ilegítima a la Presidencia del PP, con la “connivencia y colaboración” de González Revuelta, hasta entonces tesorera del partido, y Jesusa Sánchez, que fue presidenta del comité organizador del Congreso Regional del PP en Cantabria.

Denunciaban la cesión inconsentida de datos protegidos de carácter personal de afiliados y/o compromisarios; y dictado de resoluciones arbitrarias para manipular el proceso electoral, entre ellas la aceptación del ingreso de las cantidades correspondientes al pago de cuotas de 491 afiliados, realizadas por transferencia desde una cuenta de una persona a la que atribuye padecer discapacidad y que
se afirma fue manipulado, y realizadas fuera de plazo.

También les acusaban de alteración del censo de compromisarios, excluyendo la participación de un compromisario nato en el Congreso e incluyendo en el censo a personas que no estaban incluidas en el mismo.

En un auto de 31 de julio, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC archivó el procedimiento al entender que los hechos descritos en la querella no eran constitutivos de los delitos imputados.

Recusación

Solanas ha confirmado a esta agencia que el recurso contra el archivo de la querella se presentará en septiembre, dentro de los “plazos preceptivos” y dado que agosto es mes inhábil en los juzgados.

La ponente del auto de archivo de la querella fue, por las normas de reparto establecidas, la magistrada Paz Hidalgo, que expresó el parecer de la Sala. El exdirector general de Cultura ha señalado que “probablemente” pedirán “recusar” a la jueza.

El auto de archivo señalaba que el delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la función pública, ámbito en el que no puede incluirse el acceso a la presidencia de un partido político, que es una asociación privada con derecho de auto-organización.

De igual forma, exponía que el ámbito en el que se accede a la Presidencia del PP es ajeno al ámbito de aplicación de los delitos electorales, y afirmaba que incluso si los estatutos del partido realizaran una remisión expresa a la Ley Electoral, ello no conllevaría la aplicación de los tipos penales contenidos en dicha norma.

En cuanto a la malversación de caudales públicos, el auto señalaba que la querella no se refería al resultado lesivo producido, sino que exclusivamente refiere el delito nominativamente y lo relaciona con el “amparo legal” a un militante de Laredo y las cantidades que las querelladas reciben del partido por los cargos que ostentan.

Por último, señala que a día de hoy, el resultado de las elecciones y, con ello el acceso de la querellada a la Presidencia, y los acuerdos adoptados por la presidenta, no han sido anulados, no consta que los querellantes hayan ejercido el derecho que les confiere la Ley Orgánica de Partidos Políticos, para impugnar los acuerdos del procedimiento para la elección de candidatos a la presidencia del partido, ni los posteriores, menos aún el carácter indebido de la percepción que se afirma y del “amparo legal”.



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