El Gobierno utiliza una ley de origen franquista para vetar los debates sobre energía en el Parlamento

El artículo 54 de la Ley Orgánica del Estado de 1967 dice que “toda proposición o enmienda a un proyecto o proposición de ley que entrañe aumento de gastos o disminución de ingresos necesitará la confirmación del Gobierno para su tramitación”. Y el artículo 134 de la Constitución que redactaron los padres de la patria diez años después dice que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. ¿Cuánto pesaban las Cortes en tiempos del general Francisco Franco? ¿Cuánto pesa el Parlamento en los tiempos de Mariano Rajoy? Del artículo 134 de la Constitución Española emana el veto que está empleando sistemáticamente el Gobierno para evitar que las Proposiciones de Ley que plantea la oposición lleguen a (y sean debatidas en) el Parlamento.

Esta es la historia: (1) un parlamento autonómico, por ejemplo el balear, aprueba por unanimidad una Proposición de Ley -por ejemplo la PdL “para la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas como Zona Libre de Prospecciones de Hidrocarburos” (proposición aprobada en el Parlament balear -cabe insistir- por unanimidad); (2) el Parlament lleva esa PdL al Congreso de los Diputados; (y 3) el Gobierno de la nación (presidido por Mariano Rajoy) veta esa Proposición para que no sea debatida en el Parlamento, cámara en la que hay 137 diputados del PP y 213 que no lo son. Otro caso: (1) varios partidos políticos (PSOE, Podemos, Ciudadanos, Esquerra, Compromís y otros) redactan por ejemplo una Proposición de Ley (PdL) sobre autoconsumo; (2) registran esa PdL para su debate en el Parlamento; (y 3) el Gobierno veta la PdL y punto.

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La pinza PP-Ciudadanos evitó el pasado mes de marzo que la Proposición de Ley del Autoconsumo llegase al Parlamento. El Ejecutivo Rajoy -el Gobierno- vetó esa PdL, y el partido de Albert Ribera, Ciudadanos, no levantó el veto en la Mesa del Congreso, pese a que podía hacerlo si votaba junto a PSOE y Podemos. La misma pinza evitó semanas después que otra PdL -esa que pedía fuesen prohibidas las prospecciones petrolíferas en aguas baleares- llegase al Congreso. Y, ayer, la Unión Española Fotovoltaica difundió un comunicado en el que apunta que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, planea tramitar una reforma relativa al precio del kilovatio hora fotovoltaico (reforma con la que rebajaría ese precio) mediante una Orden Ministerial, con lo que “se estaría atribuyendo -denuncia UNEF- una facultad que corresponde al Parlamento”.

Asalto al Congreso
El asalto del Ejecutivo (el Gobierno) al Legislativo (el Parlamento) resulta cada vez más preocupante. Y no estamos hablando de Venezuela; ni del Maduro más chavista; ni de la constitución bolivariana. Estamos hablando del Gobierno de España, del ministro de Energía y de la Mesa del Congreso (órgano este último que controlan apenas cinco diputados, tres del Partido Popular, PP, y dos de Ciudadanos, Cs).

El presidente Mariano Rajoy ha gobernado España con mano de hierro durante los cuatro años de su mayoría absoluta (2012-2016). Lo ha hecho recortando (gasto público), rescatando (autopistas y bancos), amnistiando (evasores), reformando (lo laboral) y amordazando a periodistas, titiriteros y tuiteros (Amnistía Internacional acaba de emprender una campaña de recogida de firmas para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, norma cuya aprobación -considera- ha supuesto “un impacto negativo en el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, información y expresión”). Amnistía Internacional calcula que la aplicación de la Ley Mordaza, que estaría sancionando conductas en realidad amparadas por el derecho de reunión, expresión e información “podría llevar alrededor de 34.000 sanciones sólo en 2016”, es decir, casi cien… cada día.

El caso es que, en octubre de 2016, tras una Legislatura de Hierro (y un año en funciones), el popular Mariano Rajoy ha emprendido su segunda legislatura. Lo ha hecho a lomos de una mayoría relativa (137 diputados) que queda muy lejos de aquellos 186 escaños que obtuvo el PP el 20 de noviembre de 2011. A pesar de ello, a pesar de esa presunta debilidad, el Ejecutivo está consiguiendo imponer su criterio -absolutamente- en todo lo relativo a la política energética. Lo está haciendo mediante una fórmula infalible: el veto -otra suerte de mordaza- al Parlamento.

A saber: el Gobierno no tiene mayoría en la Cámara Baja (solo tiene 137 de los 350 asientos del Congreso) y es perfectamente consciente de que podría perder más de una votación en ese escenario. Por eso, el Ejecutivo ha utilizado su veto cuantas veces ha estimado oportuno. Lo ha hecho ya -ha vetado PdLs para evitar su debate en el Congreso- en una treintena de ocasiones en estos ocho meses (casi una por semana). Sí, el Gobierno ha vetado -está en su derecho- y la Mesa del Congreso (PP+Ciudadanos) ha decidido en un buen puñado de ocasiones no levantar ese veto (PSOE y Podemos están en minoría). Ha decidido no levantar el veto y ha consentido así que esas Proposiciones de Ley quedaran varadas en el papel, o sea, ajenas al debate parlamentario.

La Mesa del Congreso está compuesta por nueve diputados: 3 del PP, 2 del PSOE, 2 de Ciudadanos y 2 de Unidos Podemos
Pues bien, las 3 diputadas del PP (Ana Pastor, Rosa María Romero y Alicia Sánchez-Camacho) y los dos de Ciudadanos (José Ignacio Prendes y Patricia Reyes) han votado en varias ocasiones (en clave pinza) para evitar que las PdLs lleguen al Parlamento. El más escandaloso de esos vetos, quizá, ha sido el del autoconsumo. Cs presentó hasta dos PdLs de Autoconsumo, en las que pedía fuese eliminado el impuesto al Sol, y, cuando todo hacía presagiar que la segunda llegaría al Congreso, el partido de Rivera decidió auto-vetarse (Cs asegura ahora que está negociando a solas con el Gobierno esa PdL y que, si se ha auto-vetado, ha sido para agilizar una regulación que, si no, el Ejecutivo hubiese ralentizado con otra de sus armas: la Constitución).

A saber
La coartada que se ha buscado el Ejecutivo para vetar la tramitación parlamentaria de la PdL del Autoconsumo (y para evitar asimismo la tramitación de la PdL de las prospecciones petrolíferas) es esta: “la aprobación de esta Proposición de Ley -ha dicho el Ministerio de Energía en ambos casos- supondría un aumento de los créditos presupuestarios y una disminución de los ingresos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta su conformidad para su tramitación en virtud de lo dispuesto en el apartado 6º del artículo 134 de la Constitución”. Ese apartado dice que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. Algo muy similar a lo que decía, allá por el año 1967 -en tiempos del general Franco-, el artículo 54 de la Ley Orgánica del Estado: “toda proposición o enmienda a un proyecto o proposición de ley que entrañe aumento de gastos o disminución de ingresos, necesitará la confirmación del Gobierno para su tramitación”.

En realidad, el argumento de la afección presupuestaria parece más bien un comodín
El veto -el comodín del Ejecutivo- mantiene en todo caso amordazado (con una ley con aroma franquista) al Parlamento. Cierto es en todo caso que el veto presupuestario tiene un sentido: “fundamentalmente –explica la profesora de Derecho Constitucional Isabel M. Giménez Sánchez-, viene a servir al principio de anualidad presupuestaria”. O sea, que el veto quiere evitar que se dé la circunstancia de que, una vez aprobado el Presupuesto por el Parlamento, un Gobierno en minoría se vea imposibilitado a ejecutarlo porque el propio Parlamento no hace otra cosa que presentar PdLs que desequilibran ese Presupuesto, aumentando el gasto o recortando los ingresos. En ese sentido, la catedrática de Derecho Constitucional Paloma Biglino habla de la teoría: cuando el Gobierno veta se limita a actuar conforme al encargo atribuido por el propio Parlamento, con lo que la facultad de paralizar las iniciativas legislativas ajenas no es en el fondo otra cosa que un instrumento de garantía de coherencia en la actuación del Parlamento.

Hasta ahí… en la teoría… todo bien
El problema llega cuando el Ejecutivo utiliza esa herramienta no por motivos técnicos -de ejecución de un Presupuesto que sería inviable si descuadramos las cuentas- sino por motivos políticos: quizá no gane en el Parlamento… pues fuerzo la herramienta y gano con un veto. El problema llega cuando el Gobierno no justifica adecuadamente esa afección presupuestaria (algo que ha sucedido, según la Unión Española Fotovoltaica, en el caso de la PdL del Autoconsumo; y algo que ha sucedido, según el Gobierno balear, en el caso de la PdL de las prospecciones petrolíferas: léase sobre el particular La derecha nos ha vendido por 4 millones de euros). Sí, el problema llega cuando el Ejecutivo hace política con el veto, herramienta que está utilizando no a favor de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, sino en contra del Parlamento de la Nación. En fin, Política del Veto -política del no es no y no hay nada que debatir- porque el Ejecutivo sabe que allí, en la Cámara Baja, el Grupo Parlamentario Popular está en minoría, por mor de la soberanía nacional. Vamos, que el PP no obtuvo votos suficientes en las últimas elecciones y perdió la mayoría absoluta con la que se había alzado el 20N.

El problema está en el abuso
Abuso contra el país salido de las urnas. El artículo 1 de la Constitución Española dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. El pueblo español ha hablado y 213 de los diputados elegidos representan a partidos distintos al PP: ó… 213 quieren debatir. Incluso si restamos los 32 diputados de Ciudadanos (partido que no ha levantado el veto), 181 diputados quieren debatir, mayoría más que absoluta. ¿Qué calidad tiene una democracia en la que un Ejecutivo puede vetar sistemáticamente al Legislativo? ¿Qué calidad tiene una Constitución que, en vez de adaptar como es debido un principio a priori útil, se limita a calcarlo de la Ley Orgánica de una dictadura? Bajo estas líneas, el Real Madrid, en 1967.

El uso del veto por parte del Gobierno (abuso, según por ejemplo el catedrático de Derecho Miguel Ángel Martínez Lago) ha llegado a tal extremo que sobre el particular ya se ha pronunciado un informe firmado por los mismísimos letrados de la Secretaría General del Congreso. En él, se dice que este -el veto- “debería configurarse en términos excepcionales y restrictivos”. Los letrados explican que “la potestad del Gobierno se configura como una potestad limitada que no puede ser ejercida arbitrariamente o de forma manifiestamente irracionable por el Gobierno”. El informe -explica Martínez Lago- insiste además en que el veto es una facultad que se encuentra constreñida “al mismo ejercicio presupuestario”.

En la misma línea se manifiesta el catedrático de Derecho Constitucional Manuel Aragón Reyes
Al reconocérsele esta facultad -apunta Aragón Reyes-, la Constitución está configurando al Gobierno “como una especie de legislador negativo”, lo que supone “una clara reducción de la potestad legislativa parlamentaria”, por lo que, en consecuencia -continúa el catedrático-, dicha facultad necesariamente ha de ser interpretada en un sentido restrictivo, de manera que no pueda ir más allá de lo que el constituyente le atribuyó. Esa línea argumental la sigue la profesora Giménez Sánchez: “cuando el Ejecutivo niega su conformidad a la tramitación de una iniciativa parlamentaria no solo se impide la aprobación de la proposición o la enmienda en cuestión sino, lo que es mucho más grave aún, su simple debate en la Cámara”.

El Ejecutivo está en efecto hurtándole el debate al Parlamento, que es la cámara de la que deben emanar las leyes
El Gobierno hurta empleando una herramienta roma (calcada de la Ley Orgánica del Estado de 1967) que los padres de la Constitución no supieron (¿o no quisieron?) pulir. Más aún: el Gobierno ya ha dicho que los vetos que sean levantados por la Mesa del Congreso los llevará al Tribunal Constitucional (otra vez la Constitución de 1978). Allí, el Ejecutivo planteará un conflicto de competencias y, si la ley es aprobada, una cuestión de inconstitucionalidad. O sea, que si la PdL de Autoconsumo, por ejemplo, hubiese llegado al Parlamento, podría ser luego -según apunta el profesor de Derecho Rodrigo Tena- “declarada inconstitucional y expulsada del Ordenamiento, quizás algunos años después de su promulgación” (Tena es asesor, en el área de Justicia, de Ciudadanos).

El último episodio de este Asalto al Congreso -asalto “legal”- lo narró ayer la Unión Española Fotovoltaica
UNEF difundió un comunicado en el que apunta que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, planea tramitar una reforma relativa al precio del kilovatio hora fotovoltaico (reforma con la que rebajaría ese precio) mediante una Orden Ministerial, con lo que “se estaría atribuyendo -denuncia UNEF- una facultad que corresponde al Parlamento”. La asociación de las empresas del sector fotovoltaico ha calificado esa maniobra gubernamental de “ataque al sector”, a la vez que denuncia en su comunicado “la institucionalización de la inestabilidad jurídica” (lo que pretende el Gobierno -explican desde UNEF- es modificar nuevamente la rentabilidad razonable para las instalaciones de energías renovables, que sería rebajada del actual 7,38% al 4% a partir del 1 de enero de 2020). La asociación alerta de que “el recorte obligará a las plantas a refinanciarse y supondrá la pérdida de su capital social”.

Según la patronal del sector solar, la aprobación de “esta medida tendría un impacto importante sobre la viabilidad de las instalaciones fotovoltaicas actualmente en operación, que se encuentran todavía en proceso de reestructuración” (se encuentran en proceso de reestructuración porque el Gobierno ha percutido, a lo largo de los últimos años, fuertes recortes -varios, además- a la retribución del kilovatio solar generado en esas instalaciones, recortes tan drásticos -del precio al que se le paga ese kilovatio hora a los propietarios de esas instalaciones- que muchos de ellos han tenido que afrontar procesos de refinanciación para poder devolver los créditos que solicitaron cuando montaron esas instalaciones). Según UNEF, una nueva modificación supondría “perjuicios relevantes” para esos propietarios, que se verán obligados a refinanciar otra vez sus proyectos asumiendo mayores costes financieros aún.

La asociación patronal del sector solar fotovoltaico (FV) se muestra muy crítica en todo caso con respecto al procedimiento para la modificación. UNEF considera que, de tramitar esa modificación mediante una Orden Ministerial, “el ministro Álvaro Nadal se estaría atribuyendo una facultad que corresponde al Parlamento”. La patronal FV considera en ese sentido que, “para garantizar el cumplimiento de la ley, el Ejecutivo tiene que tramitar un proyecto de ley para que el Parlamento pueda tomar la decisión final al respecto”. En fin, que la asociación del sector solar fotovoltaico alerta de que el Gobierno podría estar planeando un nuevo hurto -otro debate robado- al Parlamento.

De usos, abusos y democracia
Más allá del mal uso de una herramienta roma (diseñada en dictadura) que podría sin embargo ser muy útil si tuviera un mejor diseño; y más allá de los abusos que el Ejecutivo está cometiendo (veto tras veto) contra el Parlamento… lo más grave de todo (más allá de las prospecciones petrolíferas y el autoconsumo) es que el Partido Popular está haciéndole un muy flaco favor a la democracia de este país, esa que se expresó en libertad -24 millones de votantes en las últimas generales, 24 millones de voces-, esa que ha querido enviar al Parlamento (cámara que emana de la soberanía nacional, que reside en el pueblo) 137 diputados del PP y 213 que representan otras sensibilidades.

No puede ser que 137 diputados (ó 137 + 32, once millones de votantes), amparados en una norma que redactó una dictadura y nadie supo luego afinar, estén gobernando de veto en veto, de No en No. ¿Qué calidad tiene una democracia en la que un Ejecutivo puede vetar sistemáticamente al Legislativo? ¿Qué calidad tiene una Constitución que, en vez de adaptar como es debido un principio a priori útil, se limita a calcarlo de la Ley Orgánica de una dictadura? ¿Qué calidad democrática tiene un Ministerio -qué calidad tiene un ministro de Energía- que trama rodear el Congreso para dictar su Órden y evitar así que sea el Parlamento de la Nación el que escriba -como es debido- la letra de la ley?

 

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